DE LAS RESPONSABLIDADES PENALES Y DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
JOSE H. BOLAÑOS MUÑOZ
Los
servidores públicos, por sus funciones, tienen grandes y delicados deberes y
por supuesto ineludibles responsabilidades.
La Carta Política preceptúa una mayor responsabilidad
de los servidores públicos, quienes además de responder por infracciones a la
Constitución y a la Ley, también responden por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones. Los Artículos 6º. y el 95, ente otros, contemplan,
las responsabilidades de los particulares y de los servidores públicos, y, por
igual, la ley puede establecer varias clases de responsabilidad, que bien puede
ser política (artículos 133, 135, 174 y 175), patrimonial (artículo 90), penal
y disciplinaria (artículos 92 y 268) y fiscal (artículo 268).
La ley 734 de
2002, establecen los derechos, deberes y prohibiciones, tales como, entre
otros:
“Cumplir
y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso,
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
Los deberes
consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
“2.
Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso
indebido del cargo o función…”.
Así
las cosas, todos los funcionarios públicos tienen derechos, deberes,
prohibiciones y responsabilidades, llámense Gobernantes, Congresistas, Magistrados,
ministros, y demás funcionarios y empleados, todos sin excepción.
En
el ejercicio de este Gobierno, se observa una serie de omisiones e
irregularidades, que traspasan los límites de lo legalmente permitido, ya por
acción, ya por omisión, y que fácilmente los puede hacer incurrir en infracciones
punitivas o disciplinarias, que son de investigación oficiosa incluso.
Mírese
la columna del distinguido Periodista JORGE HUMBNERTO BOTERO, en la Revista Semana
y se pueden sacar variadas conclusiones, entre ellas, las reiteradas omisiones
de funciones que obligan al menos un investigativo disciplinario:
“Dice
la Constitución que el Estado responde patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables. Luego añade que, si el Estado fuere
condenado a repararlos, debe procurar que esa carga se desplace a los
funcionarios responsables. Por ejemplo: la falta de adjudicación del
contrato para la fabricación de pasaportes, al único proponente que cumplía los
requisitos, puede que se traduzca en una cuantiosa indemnización. Al
ministro de Exteriores -que antes lo era de las Farc y ahora es nuestro- este
caso le va a causar sinsabores.
“Puede que no sea fácil probar que la dilatada interinidad a la que ha sido sometido el Invima sea una de las causas de la escasez de medicamentos. Pero sí, como varios expertos lo afirman, que mediante maniobras presupuestales y retención de giros los ministros correspondientes están agravando la crisis del sector salud.
“El caso de la Creg es contundente: la falta de diligencia en la designación de sus integrantes es la causa determinante de que no pueda decidir por falta de cuórum. Los perjuicios que agentes del sistema eléctrico padezcan generan responsabilidad estatal. Materializada esta, se deben abrir procesos de responsabilidad fiscal contra el presidente, el único responsable del bloqueo de esa institución.
“Los debates de investidura del nuevo gobierno español aportan interesantes lecciones. Los partidos negocian con transparencia determinadas políticas, que se plasman en propuestas de ley las cuales se someten al Parlamento. Sobre esa base se comprometen los votos de las formaciones políticas. Nadie juega por fuera de la disciplina de bancada; hacerlo sería suicida.
“Qué atroz contraste con nosotros. El gobierno del cambio, tal como tantas veces lo hicieron los precedentes, negocia con sigilo los votos de algunos congresistas. Algunos partidos son convidados de piedra. Justo es decir que el Centro Democrático y Cambio Radical, varias parlamentarias del Partido Verde y unos cuantos representantes liberales, con valentía y talento, no se pliegan ante los halagos.
Sin embargo, el listado de los traidores (digo Padres) de la PATRIA,
para avalar las sesiones de la reforma a la salud, que avanzó como nunca, nos
los trae la Revista Semana, para que nunca los olvidemos: “De los
conservadores, estuvieron presentes el representante por Antioquia, Daniel
Restrepo Carmona, y Ruth Caicedo, de Nariño. Lo mismo que Juan Daniel
Peñuela (Nariño), Ciro Rodríguez (Santander), Fernando Niño (Bolívar), Andrés
Montes (Bolívar), Juliana Aray Franco (Bolívar) y Wadith Manzur (Córdoba).
“Por los lados de La U, estuvieron presentes Juan
David López (Valle), Wilmer Carrillo (Norte de Santander), Milene Jarava
(Sucre), Ana Paola García (Córdoba), Alexander Guarín (Guainía), Teresa
Enriques (Nariño) y Jorge Eliécer Salazar (Cesar), además de Astrid Sánchez (Chocó), Mauricio Londoño
(Vichada), Camilo Ávila (Vaupés), Víctor Salcedo (Valle) y Jorge Eliécer Tamayo
(Valle).
Y que tristeza observar, que el gran Partido Liberal de otros
tiempos, sigue siendo Partido de gobierno, como lo es el desteñido Verde. El pueblo
los cría y ellos se juntan.
“Esa
dialéctica lleva a ciertos ministros y congresistas a los fosos profundos del
Código Penal en relación con los delitos de cohecho, celebración indebida de
contratos y tráfico de influencias; y al amplio repertorio de faltas gravísimas
que consagra el Código Disciplinario. Transitan, pues, en el filo de la navaja.”
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