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LA JUSTICIA EN LA ERA DE LA VIRTUALIDAD.

 LA JUSTICIA EN LA ERA DE LA VIRTUALIDAD.

JOSE H. BOLAÑOS MUÑOZ

El presidente Iván Duque sancionó la Ley 2213 de 2022, que había sido aprobada por el Congreso, la cual adopta como permanente el decreto 806 del 2020, el cual facilitaba el acceso a la justicia por parte de los funcionarios judiciales, abogados y usuarios en Colombia,  garantizando “la virtualidad permanente en la administración de justicia como regla general, flexibilizando la atención a los usuarios del servicio de justicia en todo el país”, dándole dinamismo y modernidad a la Justicia y garantizando su mayor eficacia y producción de resultados.

Esta vía, nos garantiza la presentación de las demandas y tutelas en línea, por medios como correo electrónico o las páginas oficiales de la rama; asistir a las audiencias desde cualquier lugar del mundo, revisar los procesos en línea, comunicaciones y notificaciones a través del correo electrónico, los cuales son atendidos por la rama judicial vía digital con eficiencia y oportunidad.

Es importante advertir que, de ahora en adelante, “La justicia virtual no es opcional, será permanente e implica que todos los Jueces en Colombia, Fiscales, funcionarios públicos y abogados, tendremos que capacitarnos en crecer en el conocimiento de la justicia virtual. Obliga entonces, que el Estado colombiano tendrá que hacer todos los esfuerzos para que la justicia virtual sea más eficiente y nos garantice resultados más positivos y rápidos. Por esta razón, es importante entender que hoy la justicia virtual es una realidad en el país, y que prevalece sobre la justicia presencial”.

Es lo que necesitaba la justicia colombiana, pues se establece como regla general la virtualidad en las audiencias en todas las jurisdicciones y tan solo excepcionalmente, si se requiere la práctica de un testimonio, el juez puede decretar que la audiencia se haga presencial, pero quienes no quieran o no puedan asistir, pueden asistir a ella virtualmente.

Su objeto es muy claro y garantiza como lo dice su art. 10, implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar el trámite de los procesos judiciales ante !a jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las citaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales.

Adicionalmente, y sin perjuicio de la garantía de atención presencial en Ios despachos judiciales, salvo casos de fuerza mayor, pretende flexibilizar la atención de los usuarios del servicio de justicia con el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la administración de justicia.

El acceso a la administración de justicia a través de herramientas   tecnológicas e informáticas debe respetar el derecho a la igualdad, por lo cual las mismas serán aplicables cuando las autoridades judiciales y los sujetos procesales y profesionales del derecho dispongan de los medios tecnológicos idóneos para acceder de forma digital, no pudiendo, so pena de su uso, omitir la atención presencial en los despachos judiciales cuando el usuario del servicio lo requiera y brindando especiales medidas a la población en condición de vulnerabilidad o en sitios del territorio donde no se disponga de conectividad por su condición geográfica.

Con el esfuerzo de todos, su éxito se da por descontado, puesto que se suman a la conectividad, la garantía de eficiencia, oportunidad, excelencia y
calidad en la administración de Justicia.

 

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